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Lucha contra el blanqueo — Ley saudí contra el blanqueo de capitales
49 artículos de la ley tratan este tema, en el orden de la ley; cada uno tiene aquí una explicación sencilla y su texto oficial en su página.
- Artículo 1: DefinicionesDefine 20 términos de la Ley, entre ellos fondos, delito determinante, producto del delito, instrumentos, instituciones financieras, actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), organizaciones sin fines de lucro, embargo preventivo, decomiso, autoridad supervisora, beneficiario final, cliente, banco pantalla, transferencia electrónica y medidas de diligencia debida.
- Artículo 2: Actos que constituyen blanqueo de capitalesComete blanqueo de capitales quien, a sabiendas, opera con el producto de un delito para ocultar su origen o ayudar al autor a eludir las consecuencias, lo adquiere, posee o utiliza, u oculta su naturaleza, origen o titularidad, así como quien intente estos actos o participe en ellos.
- Artículo 3: Responsabilidad de las personas jurídicasUna persona jurídica comete blanqueo de capitales si cualquiera de los actos del artículo 2 se comete en su nombre o por su cuenta, sin perjuicio de la responsabilidad penal de sus presidentes y miembros del consejo, propietarios, empleados, representantes autorizados, auditores o cualquier persona física que actúe en su nombre o por su cuenta.
- Artículo 4: Delito autónomo y prueba de la intenciónEl blanqueo es un delito autónomo respecto del delito determinante: no se requiere condena por este para condenar por blanqueo o considerar los fondos producto del delito, dondequiera que se cometiera. La intención, el conocimiento o el propósito se deducen de las circunstancias objetivas y fácticas del caso.
- Artículo 5: Evaluación del riesgo de blanqueoLas instituciones financieras y las APNFD deben identificar, evaluar, documentar y actualizar de forma continua sus riesgos de blanqueo, considerando clientes, otros países y zonas geográficas, productos, servicios, operaciones y canales de distribución, e informar de ello a las autoridades supervisoras cuando lo pidan.
- Artículo 6: Prohibición de cuentas numeradas, anónimas o ficticiasLas instituciones financieras no pueden abrir ni mantener cuentas numeradas, anónimas o a nombre ficticio.
- Artículo 7: Diligencia debida respecto de los clientesLas instituciones financieras y las APNFD deben aplicar a sus clientes medidas de diligencia debida, en los casos y de los tipos que fije el Reglamento, graduarlas según el riesgo y aplicar medidas reforzadas cuando el riesgo de blanqueo sea alto.
- Artículo 8: Personas con altas funciones públicasLas instituciones financieras y las APNFD deben usar herramientas adecuadas para saber si un cliente o beneficiario final ocupa, o ha pasado a ocupar, una alta función pública en el Reino o en el extranjero, un alto cargo directivo o un puesto en una organización internacional, y en tal caso aplicar las medidas adicionales del Reglamento.
- Artículo 9: Relaciones de corresponsalía y bancos pantallaAntes de entablar una relación de corresponsalía con una institución financiera fuera del Reino, la institución financiera debe aplicar las medidas de mitigación del Reglamento y asegurarse de que no permite a un banco pantalla usar sus cuentas; se prohíbe la relación con bancos pantalla o con quien lo permita.
- Artículo 10: Transferencias electrónicasLas instituciones financieras que realizan transferencias electrónicas deben obtener los datos del ordenante y del beneficiario y conservarlos con las órdenes o mensajes a lo largo de la cadena de pago, no ejecutar la transferencia si no los obtienen, registrarlos y conservar los registros según el artículo 12, y cumplir toda medida adicional del Reglamento.
- Artículo 11: Países de alto riesgoLas instituciones financieras y las APNFD deben aplicar diligencia debida reforzada, proporcional a los riesgos, en relaciones y operaciones con una persona de un país que ellas o el Comité Permanente contra el Blanqueo de Capitales hayan calificado de alto riesgo, y aplicar las medidas que fije el Comité para esos países.
- Artículo 12: Conservación de registros y documentosLas instituciones financieras y las APNFD deben conservar al menos 10 años los registros de todas las operaciones financieras, comerciales y en efectivo, nacionales o extranjeras, y los de diligencia debida; la Fiscalía puede ampliar el plazo. Deben permitir rastrear las operaciones y entregarse con urgencia a las autoridades competentes.
- Artículo 13: Seguimiento continuo de las operacionesLas instituciones financieras y las APNFD deben vigilar y examinar de forma continua operaciones, documentos y datos, escrutar las operaciones inusualmente complejas o grandes y los patrones inusuales, reforzar la diligencia y la vigilancia si el riesgo es alto, y conservar los registros del examen 10 años.
- Artículo 14: Políticas, procedimientos y controles internosLas instituciones financieras y las APNFD deben establecer y aplicar con eficacia políticas, procedimientos y controles internos contra el blanqueo para gestionar y reducir los riesgos identificados según el artículo 5, y aplicarlos en sus sucursales y filiales de propiedad mayoritaria; el Reglamento fija su contenido.
- Artículo 15: Comunicación de operaciones sospechosasLas instituciones financieras, APNFD y organizaciones sin fines de lucro, incluidos quienes prestan servicios jurídicos o contables, que sospechen o tengan motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de un delito, están ligados al blanqueo o se usarán en él, deben comunicarlo de inmediato y directamente a la Dirección General de Inteligencia Financiera.
- Artículo 16: Prohibición de alertar y protección de quien comunicaLas instituciones financieras, APNFD, organizaciones sin fines de lucro y sus directivos, consejeros, gestores ejecutivos o de supervisión y empleados no pueden alertar al cliente ni a nadie de una comunicación a la Dirección General de Inteligencia Financiera o de una investigación penal; comunicar de buena fe no genera responsabilidad.
- Artículo 17: La Dirección General de Inteligencia FinancieraLa Dirección General de Inteligencia Financiera depende del Presidente de la Seguridad del Estado y goza de suficiente independencia operativa; como órgano central nacional recibe y analiza comunicaciones e información sobre blanqueo, delitos determinantes o sus productos, y remite los resultados a las autoridades competentes, de oficio o a petición.
- Artículo 18: Facultad de la Dirección para obtener informaciónLa Dirección puede obtener directamente de quien comunicó cualquier información adicional útil para su análisis; si la institución financiera no comunicó nada o la información no guarda relación con una comunicación, la pide a través de la autoridad supervisora competente. También puede obtener la información de las autoridades competentes.
- Artículo 19: Remisión de información y análisisLa Dirección puede, de oficio o a petición, remitir información y resultados de análisis a las autoridades competentes cuando haya motivos para sospechar que una operación está ligada al blanqueo o a un delito determinante, y tiene plena facultad para ejercer sus funciones con libertad.
- Artículo 20: Confidencialidad en la DirecciónTodo empleado de la Dirección General de Inteligencia Financiera, y toda persona que responda ante ella, debe guardar la confidencialidad de la información que conozca en el ejercicio de sus funciones, incluso después de cesar en ellas.
- Artículo 21: Intercambio de información con autoridades competentesLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede intercambiar la información que conserva con las autoridades competentes y celebrar con ellas acuerdos o memorandos de entendimiento para facilitar el intercambio y la cooperación.
- Artículo 22: Cooperación con homólogos extranjerosLa Dirección puede intercambiar con cualquier homólogo extranjero información relacionada con su labor o pedírsela, y celebrar con él acuerdos o arreglos según los procedimientos legales; al facilitar información debe obtener el compromiso de que solo se usará para el fin solicitado, salvo que la Dirección consienta otro.
- Artículo 23: Declaración de efectivo y valores en fronteraQuien entre o salga del Reino con divisas, instrumentos negociables al portador, lingotes de oro, metales preciosos, piedras preciosas o joyas labradas, u organice su envío, por un valor igual o superior al umbral del Reglamento, debe declararlos a la Dirección General de Aduanas, que puede retenerlos 72 horas si hay sospecha.
- Artículo 24: Facultades de las autoridades supervisorasLas autoridades supervisoras recaban información de las instituciones financieras, APNFD y organizaciones sin fines de lucro y las inspeccionan in situ y a distancia, exigen información, evalúan riesgos, dictan instrucciones, cooperan con homólogos extranjeros, verifican sucursales extranjeras, aplican pruebas de idoneidad y llevan estadísticas.
- Artículo 25: Sanciones de las autoridades supervisorasSin perjuicio de penas más graves o medidas de otras leyes, la autoridad supervisora que detecte una infracción de una institución financiera, APNFD, organización sin fines de lucro o sus directivos, o reciba una remitida, puede imponer una o más medidas, desde una advertencia escrita hasta una multa de hasta SAR 5,000,000 por infracción o la cancelación de la licencia.
- Artículo 26: Pena por blanqueo de capitalesQuien cometa blanqueo de capitales según el artículo 2 será castigado con prisión de 2 a 10 años, multa de hasta SAR 5,000,000, o ambas.
- Artículo 27: Blanqueo agravadoEl blanqueo se castiga con prisión de 3 a 15 años, multa de hasta SAR 7,000,000, o ambas, cuando concurre alguna de siete circunstancias, entre ellas el crimen organizado, la violencia, el abuso de cargo público y una condena previa.
- Artículo 28: Prohibición de viajar y expulsiónEl saudí condenado a prisión por blanqueo tiene prohibido salir del Reino durante un periodo igual a la pena impuesta; el no saudí condenado por blanqueo es expulsado tras cumplir la pena y no se le permite regresar.
- Artículo 29: Reducción de pena al autor que denunciaSi uno de los autores denuncia el blanqueo a las autoridades competentes antes de que lo conozcan, o denuncia a los demás autores, y ello conduce a su detención o a la incautación de los fondos, instrumentos o productos, su pena puede reducirse según el artículo 30.
- Artículo 30: Límites de la pena reducidaLas penas del artículo 26 pueden reducirse, en las circunstancias legales, a prisión de 1 a 7 años, multa de hasta SAR 3,000,000, o ambas, cuando el autor, después de que las autoridades conozcan el delito, aporte por iniciativa propia información imposible de obtener de otro modo para fines concretos.
- Artículo 31: Penas para personas jurídicasSin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas, la persona jurídica que cometa blanqueo será multada con hasta SAR 50,000,000 y no menos del doble del valor de los fondos implicados; también puede prohibírsele su actividad autorizada, cerrársele oficinas o liquidarse su negocio.
- Artículo 32: Publicación de la sentenciaLa sentencia condenatoria puede ordenar publicar un resumen a costa del condenado en un periódico local de su lugar de residencia, o de la zona más cercana si no lo hay, o en otro medio adecuado, según el tipo, la gravedad y el efecto del delito; la publicación solo procede cuando la sentencia es firme.
- Artículo 33: Decomiso en caso de condenaSin perjuicio de los terceros de buena fe, la condena por blanqueo o delito determinante conlleva el decomiso judicial de los fondos blanqueados, productos e instrumentos, quienquiera que los tenga, salvo que el dueño pruebe una adquisición lícita sin conocer su origen ilícito; el tribunal puede anular actos que impidan la recuperación.
- Artículo 34: Decomiso sin condenaEl tribunal competente ordena el decomiso sin condena de los fondos ligados al blanqueo cuando el autor no puede ser juzgado por fallecimiento, fuga, ausencia o identidad desconocida.
- Artículo 35: Decomiso por valor equivalenteSi los fondos ligados al blanqueo ya no están disponibles o no pueden localizarse, el tribunal decomisa otros bienes del autor de igual valor; y si el producto decomisado según el artículo 33 vale menos que el del delito determinante, decomisa otros bienes del autor hasta completar el valor.
- Artículo 36: Destino de los bienes decomisadosSalvo que otra ley disponga lo contrario, los fondos decomisados pasan al Tesoro Público y siguen gravados, hasta su valor, con los derechos legítimamente reconocidos a terceros de buena fe.
- Artículo 37: Disposición y reparto con otros EstadosCuando se ordena el decomiso o la recuperación según la Ley de fondos, productos o instrumentos usados o destinados a usarse, y no deban destruirse, la autoridad competente puede disponer de ellos conforme a la ley o repartirlos con Estados vinculados al Reino por acuerdos o tratados vigentes.
- Artículo 38: Cooperación internacional e intercambio de informaciónLas autoridades competentes pueden dirigir solicitudes a homólogos extranjeros, intercambiar información con ellos e investigar en su nombre, en Estados con acuerdos vigentes con el Reino o por reciprocidad, según los procedimientos legales y sin menoscabo de la soberanía nacional ni de las normas sobre confidencialidad.
- Artículo 39: Asistencia judicial mutuaA petición de un tribunal o autoridad competente de un Estado con acuerdo vigente con el Reino, o por reciprocidad, las autoridades competentes pueden asistir en investigaciones, acusaciones y procedimientos sobre blanqueo y delitos determinantes, incluidos el rastreo, embargo, decomiso y recuperación de fondos y la entrega vigilada; el Reglamento da los detalles.
- Artículo 40: Ejecución de sentencias de decomiso extranjerasLas autoridades competentes pueden reconocer y ejecutar una sentencia firme de decomiso de fondos, productos o instrumentos relacionados con blanqueo o un delito determinante, dictada por un tribunal competente de un Estado con acuerdo vigente con el Reino o por reciprocidad, si esos bienes son decomisables según la ley del Reino.
- Artículo 41: ExtradiciónLa persona acusada o condenada por blanqueo puede ser recibida de otro Estado o entregada a él, en virtud de un acuerdo vigente entre el Reino y el Estado requirente o por reciprocidad; si se deniega la extradición, la juzgan los tribunales competentes del Reino, con apoyo en las investigaciones del Estado requirente. El Reglamento fija el mecanismo.
- Artículo 42: Comité Permanente de Solicitudes de Asistencia Judicial MutuaEl Comité Permanente de Solicitudes de Asistencia Judicial Mutua recibe las solicitudes de asistencia judicial mutua relativas a delitos de blanqueo y a los delitos determinantes vinculados.
- Artículo 43: Solicitudes de registros de la FiscalíaLa Fiscalía, de oficio o a petición de un agente de policía judicial, puede exigir a cualquier persona, a las instituciones financieras (a través de las autoridades supervisoras), a las APNFD o a las organizaciones sin fines de lucro registros, documentos o información; el destinatario debe cumplir con exactitud y sin demora y mantener la solicitud en reserva.
- Artículo 44: Embargo preventivo de fondosLa Fiscalía, de oficio o a petición de la Dirección General de Inteligencia Financiera o de un agente de policía judicial, ante la sospecha de blanqueo o de un delito determinante, puede ordenar el embargo preventivo de fondos decomisables o que puedan serlo por un máximo de 60 días, sin aviso previo; una orden judicial puede prorrogarlo.
- Artículo 45: Órdenes de registroSin perjuicio de la Ley de Procedimiento Penal, la Fiscalía puede dictar una orden que permita a un agente de policía judicial o al investigador entrar en viviendas, oficinas o la sede de una entidad informante para registrar, detener a personas y buscar e incautar fondos o pruebas ligados al delito, en cualquier momento durante la vigencia de la orden.
- Artículo 46: Vigilancia de comunicaciones e incautación de pruebasSin perjuicio de la Ley de Procedimiento Penal, la Fiscalía, de oficio o a petición de un agente, puede dictar una orden motivada que permita a un agente de policía judicial o al investigador vigilar, grabar, interceptar, incautar y acceder a pruebas, registros, mensajes, comunicaciones, llamadas y datos de los ordenadores indicados, por un delito determinante o blanqueo.
- Artículo 47: Competencia judicialEl tribunal competente conoce de todos los delitos previstos en la Ley.
- Artículo 48: Función de la FiscalíaLa Fiscalía investiga los delitos previstos en la Ley y los persigue ante el tribunal competente, y puede dictar normas y orientaciones para los órganos bajo su supervisión conforme a la Ley de Procedimiento Penal.
- Artículo 49: Función de los agentes de policía judicialLos agentes de policía judicial, cada uno en su ámbito, investigan y reúnen pruebas sobre los delitos previstos en la Ley, y realizan la persecución penal y administrativa para identificar, rastrear o asegurar el producto o los instrumentos del delito.
Fuentes
- نظام مكافحة غسل الأموال — وزارة التجارة
- Anti - Money Laundering Law — Ministry of Commerce
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige..