Temas
Lucha contra el blanqueo — Reglamento de aplicación de la Ley saudí contra el blanqueo de capitales
51 artículos de la ley tratan este tema, en el orden de la ley; cada uno tiene aquí una explicación sencilla y su texto oficial en su página.
- Artículo 1: Definiciones, actividades y autoridadesEl artículo define términos clave de la Ley y el Reglamento, como persona, operación, recursos económicos, relación de corresponsalía y estructura jurídica, y enumera las actividades financieras, las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), las autoridades de supervisión y las autoridades competentes a que se refiere el artículo 1 de la Ley.
- Artículo 2: Blanqueo por el autor del delito subyacenteEl artículo aclara que el delito de blanqueo de capitales previsto en la Ley se aplica a la persona que cometió el delito subyacente y además participó en el blanqueo.
- Artículo 3: Responsabilidad de las personas jurídicasUna persona jurídica comete blanqueo de capitales si cualquiera de los actos enumerados en el artículo 2 de la Ley se comete en su nombre o por su cuenta, sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas vinculadas a ella.
- Artículo 4: Autonomía del delito de blanqueoEl blanqueo es un delito distinto del delito subyacente: no se necesita condena por este para condenar por blanqueo ni para considerar los fondos producto del delito, y la intención o el conocimiento se deducen de las circunstancias del caso.
- Artículo 5: Evaluación del riesgo de blanqueoLas instituciones financieras y las APNFD deben identificar, evaluar, documentar y actualizar continuamente sus riesgos de blanqueo, informar a las autoridades de supervisión cuando lo pidan y aplicar controles acordes con los resultados, incluida la evaluación de nuevos productos y tecnologías antes de usarlos.
- Artículo 6: Prohibición de cuentas anónimas o numeradasLas instituciones financieras no pueden abrir ni mantener cuentas numeradas, anónimas o a nombre ficticio.
- Artículo 7: Diligencia debida con los clientesLas instituciones financieras y las APNFD deben aplicar diligencia debida a sus clientes según el riesgo, reforzada cuando este es alto; el Reglamento fija cuándo se aplica, sus elementos mínimos, el momento, su continuidad, qué ocurre si no puede completarse y el recurso a terceros.
- Artículo 8: Personas expuestas políticamenteEl artículo define a las personas expuestas políticamente (PEP), extiende las obligaciones a sus familiares y allegados, y exige aprobación de la alta dirección, verificar el origen del patrimonio y los fondos y diligencia debida reforzada continua para las PEP extranjeras, y para las nacionales si el riesgo es alto.
- Artículo 9: Relaciones de corresponsalía transfronterizaEl artículo fija las medidas que una institución financiera debe adoptar para reducir riesgos antes de entrar en una relación de corresponsalía transfronteriza y le permite facilitar al corresponsal extranjero la información necesaria pese a las normas de confidencialidad.
- Artículo 10: Transferencias electrónicasLas instituciones financieras que realizan transferencias electrónicas deben obtener los datos del ordenante y del beneficiario y conservarlos con la transferencia a lo largo de la cadena de pago, sin ejecutarla sin ellos; el Reglamento fija el alcance, los datos exigidos y los deberes de las entidades ordenantes, intermediarias y receptoras.
- Artículo 11: Países de alto riesgoLas instituciones financieras y las APNFD aplican diligencia debida reforzada, proporcional al riesgo, a relaciones y operaciones con personas de países que ellas o el Comité Permanente contra el Blanqueo de Capitales consideren de alto riesgo, así como las medidas que el Comité fije para esos países.
- Artículo 12: Conservación de registros durante 10 añosLas instituciones financieras y las APNFD conservan los registros de todas las operaciones financieras, comerciales y en efectivo, nacionales o extranjeras, y todo lo obtenido mediante la diligencia debida, durante al menos 10 años.
- Artículo 13: Seguimiento continuo de las operacionesLas instituciones financieras y las APNFD supervisan continuamente las operaciones frente a lo que saben del cliente, examinan las operaciones inusualmente complejas o cuantiosas, intensifican el seguimiento si el riesgo es alto y conservan los registros del examen durante 10 años.
- Artículo 14: Políticas y controles internos contra el blanqueoLas instituciones financieras y las APNFD adoptan políticas, procedimientos y controles internos contra el blanqueo que gestionan los riesgos detectados, se ajustan a la naturaleza y el tamaño de su actividad, son aprobados por la alta dirección y revisados continuamente, y los aplican en sus sucursales y filiales mayoritarias, también en el extranjero.
- Artículo 15: Reporte de operaciones sospechosasLas instituciones financieras, las APNFD y las organizaciones sin fines de lucro, incluidos quienes prestan servicios jurídicos y contables, que sospechen o tengan motivos razonables para sospechar que unos fondos proceden de un delito o están ligados al blanqueo, incluso en una tentativa, deben reportarlo de inmediato a la Dirección General de Inteligencia Financiera y atender sus solicitudes.
- Artículo 16: Prohibición de alertar y protección del declaranteLas entidades obligadas y sus directivos, consejeros, cargos ejecutivos y de supervisión y empleados no pueden avisar al cliente ni a nadie de que se ha presentado o se presentará un reporte a la Dirección General de Inteligencia Financiera o de que hay una investigación penal, y no responden por los reportes hechos de buena fe.
- Artículo 17: La Dirección General de Inteligencia FinancieraLa Dirección General de Inteligencia Financiera depende del presidente de la Seguridad del Estado, goza de independencia operativa y actúa como centro nacional que recibe y analiza reportes e información sobre blanqueo, delitos subyacentes y productos del delito, y remite sus conclusiones a las autoridades competentes, de oficio o a petición.
- Artículo 18: Solicitudes de información de la DirecciónLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede obtener información adicional directamente de quien presentó un reporte, pedir otra información a las instituciones financieras a través de su autoridad de supervisión, requerirla directamente a las APNFD en todos los casos y obtener la información financiera, administrativa o jurídica que tengan las autoridades competentes.
- Artículo 19: Remisión de información y análisisLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede remitir, de oficio o a petición, información y resultados de sus análisis a las autoridades competentes correspondientes cuando haya motivos para sospechar un vínculo con el blanqueo o un delito subyacente, mediante canales específicos y seguros.
- Artículo 20: Confidencialidad en la DirecciónTodo empleado de la Dirección General de Inteligencia Financiera, y cualquier persona que responda ante ella, debe guardar la confidencialidad de la información que conozca en el ejercicio de sus funciones, incluso después de cesar en ellas.
- Artículo 21: Intercambio de información con autoridades competentesLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede intercambiar con las autoridades competentes la información que posee y celebrar con ellas acuerdos o memorandos de entendimiento para facilitar el intercambio de información y la cooperación.
- Artículo 22: Intercambio de información con homólogos extranjerosLa Dirección General de Inteligencia Financiera puede intercambiar o solicitar información con cualquier homólogo extranjero y celebrar acuerdos o arreglos con él; la información facilitada o recibida solo puede usarse para el fin para el que se pidió, salvo que la parte que la facilitó consienta otro uso.
- Artículo 23: Declaración de efectivo y oro en fronteraQuien entre o salga del Reino con, o envíe, efectivo, instrumentos negociables al portador, oro, metales o piedras preciosos o joyas por valor de 60,000 SAR o más debe declararlo a la Dirección General de Aduanas, que puede registrar, retener 72 horas, multar y remitir casos, y comparte sus datos con la Dirección General de Inteligencia Financiera.
- Artículo 24: Funciones de las autoridades de supervisiónPara ejercer sus funciones, las autoridades de supervisión recaban información y realizan inspecciones in situ y documentales, exigen cualquier información y documento, evalúan el riesgo de blanqueo, dictan instrucciones y guías, cooperan con homólogos extranjeros, aplican pruebas de idoneidad a propietarios y directivos y llevan estadísticas de medidas y sanciones.
- Artículo 25: Medidas y sanciones de supervisiónCuando una autoridad de supervisión detecta que una institución financiera, una APNFD o una organización sin fines de lucro, o sus directivos, consejeros o cargos ejecutivos o de supervisión, ha infringido la Ley, el Reglamento o las decisiones e instrucciones relacionadas, o se le remite una infracción, puede imponer una o más medidas previstas, sin perjuicio de una pena más grave.
- Artículo 26: Pena por blanqueo de capitalesQuien cometa el delito de blanqueo previsto en el artículo 2 de la Ley se expone a prisión de no menos de 2 años ni más de 10 años, a una multa de hasta 5 millones, o a ambas.
- Artículo 27: Blanqueo agravadoEl blanqueo previsto en el artículo 2 de la Ley se castiga con prisión de no menos de 3 años ni más de 15 años, multa de hasta 7 millones de SAR, o ambas, cuando concurre alguna de las circunstancias agravantes enumeradas.
- Artículo 28: Prohibición de viajar y expulsión tras condenaEl saudí condenado a prisión por blanqueo no puede viajar fuera del Reino durante un plazo igual a su condena, y el extranjero condenado por blanqueo es expulsado tras cumplir la pena y no puede regresar.
- Artículo 29: Reducción de pena para el autor que denunciaSi uno de los autores denuncia el blanqueo a las autoridades competentes antes de que lo conozcan, o denuncia a los demás autores, y ello permite su detención o la incautación de los fondos, instrumentos o productos, su pena puede reducirse conforme al artículo 30.
- Artículo 30: Atenuación de la pena por cooperaciónLas penas del artículo 26 de la Ley pueden reducirse a prisión de 1 a 7 años, multa de hasta 3 millones de SAR, o ambas, si el autor, después de que las autoridades conozcan el delito, aporta por iniciativa propia información que no podía obtenerse de otro modo.
- Artículo 31: Penas para personas jurídicasLa persona jurídica que comete blanqueo es multada con no más de 50 millones de SAR y no menos del doble del valor de los fondos implicados, sin perjuicio de la responsabilidad penal de las personas físicas, y además puede ser inhabilitada para su actividad autorizada, sufrir el cierre de oficinas o la liquidación de su negocio.
- Artículo 32: Publicación de un resumen de la sentenciaLa sentencia condenatoria puede ordenar publicar un resumen a costa del condenado en un periódico local de su lugar de residencia, o de la zona más cercana si no lo hay, o por otro medio adecuado, según el tipo, la gravedad y el impacto del delito, una vez firme la sentencia.
- Artículo 33: Decomiso de fondos, productos e instrumentosEn caso de condena por blanqueo o por un delito subyacente, el tribunal ordena el decomiso de los fondos blanqueados, los productos y los instrumentos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe, y puede anular o impedir actos que dificulten recuperar fondos decomisables.
- Artículo 34: Decomiso sin condenaEl tribunal competente ordena el decomiso de fondos ligados al blanqueo sin condena cuando el autor no puede ser juzgado por fallecimiento, fuga, ausencia o falta de identificación.
- Artículo 35: Decomiso por valor equivalenteSi los fondos ligados al blanqueo ya no están disponibles o no se pueden localizar, el tribunal decomisa otros bienes del autor de igual valor, y completa el decomiso con sus otros fondos si los productos decomisados son inferiores a los del delito subyacente.
- Artículo 36: Destino de los fondos decomisadosSalvo que otra ley disponga lo contrario, los fondos decomisados pasan al Tesoro Público, pero siguen gravados, hasta su valor, con los derechos legalmente establecidos a favor de terceros de buena fe.
- Artículo 37: Disposición y reparto de bienes decomisadosSi se ordena el decomiso o la recuperación de fondos, productos o instrumentos que no deban destruirse, la autoridad competente puede disponer de ellos conforme a la Ley o repartirlos con los países unidos al Reino por acuerdos o tratados vigentes.
- Artículo 38: Cooperación con homólogos extranjerosLas autoridades competentes pueden enviar solicitudes a homólogos extranjeros, intercambiar información con ellos y realizar indagaciones por su cuenta en países unidos al Reino por acuerdos vigentes o por reciprocidad, según los procedimientos legales y sin vulnerar la soberanía nacional ni las normas de confidencialidad.
- Artículo 39: Asistencia jurídica mutuaA petición de un tribunal o autoridad competente de un país unido al Reino por un acuerdo vigente, o por reciprocidad, las autoridades competentes pueden prestar asistencia en investigaciones, acusaciones y procedimientos sobre blanqueo y delitos subyacentes, incluido el rastreo, la inmovilización, el decomiso y la recuperación de activos y la entrega vigilada.
- Artículo 40: Ejecución de sentencias extranjeras de decomisoLas autoridades competentes pueden reconocer y ejecutar una sentencia extranjera firme que decomise fondos, productos o instrumentos del blanqueo o de un delito subyacente, dictada en un país unido al Reino por un acuerdo vigente o por reciprocidad, si esos bienes pueden decomisarse según la ley aplicada en el Reino.
- Artículo 41: ExtradiciónLa persona acusada o condenada por blanqueo puede ser extraditada a otro país o recibida de él en virtud de un acuerdo vigente o por reciprocidad; si se deniega la extradición, la juzgan los tribunales saudíes competentes, apoyándose en las investigaciones aportadas por el Estado requirente.
- Artículo 42: Comité Permanente de Asistencia Jurídica MutuaEl Comité Permanente de Solicitudes de Asistencia Jurídica Mutua recibe las solicitudes sobre blanqueo y delitos subyacentes conexos; constituido en el Ministerio del Interior, es la autoridad central encargada de recibir y tramitar las solicitudes de asistencia jurídica y de extradición.
- Artículo 43: Requerimientos de registros de la FiscalíaLa Fiscalía, de oficio o a petición de un agente de policía judicial, puede exigir a cualquier persona, a las instituciones financieras (a través de sus autoridades de supervisión), a las APNFD o a organizaciones sin fines de lucro registros, documentos o información, que deben entregarse con exactitud y sin demora, manteniendo la solicitud en reserva.
- Artículo 44: Embargo preventivo de fondosAnte la sospecha de blanqueo o de un delito subyacente, la Fiscalía, de oficio o a petición de la Dirección General de Inteligencia Financiera o de un agente de policía judicial, puede ordenar sin aviso previo el embargo preventivo de fondos decomisables o que puedan serlo durante un máximo de 60 días.
- Artículo 45: Órdenes de registroSin perjuicio de la Ley de Procedimiento Penal, la Fiscalía puede dictar una orden que permita a agentes de policía judicial o investigadores entrar en viviendas, oficinas o la sede de una entidad obligada para registrarlas, detener personas y buscar o incautar fondos, bienes, documentos, pruebas o información ligados a un delito subyacente o al blanqueo.
- Artículo 46: Vigilancia e interceptación de comunicacionesSin perjuicio de la Ley de Procedimiento Penal, la Fiscalía puede dictar una orden motivada que permita a agentes de policía judicial o investigadores vigilar, grabar, interceptar, incautar y acceder a pruebas, registros, cartas, paquetes, comunicaciones, llamadas y datos de los ordenadores indicados, en casos de delito subyacente o blanqueo.
- Artículo 47: Tribunal competenteEl tribunal competente resuelve todos los delitos previstos en la Ley.
- Artículo 48: Función de la FiscalíaLa Fiscalía investiga los delitos previstos en la Ley y los acusa ante el tribunal competente, y puede dictar normas y guías para los organismos bajo su supervisión conforme a la Ley de Procedimiento Penal.
- Artículo 49: Agentes de policía judicialLos agentes de policía judicial, cada uno en su ámbito, investigan y reúnen pruebas de los delitos de la Ley y emprenden acciones penales y administrativas para identificar, rastrear o asegurar los productos o instrumentos del delito.
- Artículo 50: Expedición del ReglamentoEl presidente de la Seguridad del Estado, de acuerdo con el ministro de Finanzas y el fiscal general, expide el Reglamento en un plazo máximo de 90 días desde la fecha de promulgación de la Ley.
- Artículo 51: Derogación y entrada en vigorLa Ley sustituye a la Ley contra el Blanqueo de Capitales aprobada por el Real Decreto n.º M/31 de 11/5/1433 H, deroga las disposiciones contrarias y entra en vigor el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. El texto tal como lo publica el Ministerio de Comercio en su plataforma de leyes y reglamentos. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico; el texto árabe es el que rige..